EFE

• Ya se han aprobado casi 300 millones de euros de financiación pública para el desarrollo de la banda ancha.
• Enmarcado en las iniciativas del plan de recuperación de la economía europea, se llegará a los 1.000 millones.

La Comisión Europea (CE) afirmó que ha dado su visto buena a un récord de ayudas públicas para el despliegue de la banda ancha en la UE, desde que publicó el pasado septiembre unas directrices que aclaran a los países las situaciones en las que pueden apoyar con fondos públicos estos proyectos.

La CE señaló en un comunicado que, desde esa fecha, ya ha aprobado casi 300 millones de euros de financiación pública para el desarrollo de la banda ancha, con el objetivo de que llegue a todos los europeos y que se fomente la construcción de nuevas redes de nueva generación de Internet, que permitirán velocidades muy superiores a las actuales.

La Comisión recordó que las orientaciones presentadas el año pasado están encaminadas a apoyar la recuperación de la economía europea y la competitividad a largo plazo en Europa. Dentro del Plan de la recuperación de la economía europea, la propia comisión decidió dedicar 1.000 millones de euros para el despliegue de la banda ancha.

Los proyectos diseñados en línea con las directrices comunitarias permiten "canalizar mejor los fondos públicos" hacia áreas donde los operadores privados actualmente no tienen incentivos comerciales para invertir y estimular la competencia y las posibilidades de elección para los consumidores, destacó la CE. Todo ello, garantizando un acceso abierto a esas redes para todos los proveedores de servicios, precisó.

En su opinión, la adopción de esas orientaciones llevó a que los países concibieran mejor las medidas de ayuda y "aceleraran su tratamiento", lo que ha permitido a la Comisión aprobar diez ayudas desde septiembre en países como Finlandia, Alemania, Francia, Chipre Eslovenia, Reino Unido, Irlanda o España (para la extensión de la banda ancha a determinadas zonas rurales de Asturias).

En todas esas decisiones, destacó la necesidad de otorgar proyectos a través de convocatorias públicas, abrir las infraestructuras a todos los operadores sobre una base de neutralidad tecnológica y minimizar las posibles distorsiones de la competencia a través de investigaciones del mercado y de consultas con los operadores.