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• El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social han hecho públicas sus pegas al anteproyecto.
• Aseguran que la ley se centra en asuntos ya aclarados mientras que otros más relevantes quedan formulados de forma general.

El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social ya han publicadosus objeciones al polémico Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, donde señalan que existen en el texto "regulaciones de determinados aspectos en términos muy generales, en las que seecha en falta una mayor concreción, junto con regulaciones que descienden a unnivel de detalle más propio de un desarrollo reglamentario".

Esta deficiencia resulta crucial en una ley de tanta relevancia como la que se está tratando. Por ese motivo creen que "se debería producir una reforma integral del marco regulatorio de la protecciónde la propiedad intelectual y de la normativa de aplicación que regula elfuncionamiento de las Entidades y Sociedades de gestión de derechos de autor".

El Consejo Económico y Social señala que la ley se centra demasiado en "cuestiones ya previstas, relacionadas con el espectro radioeléctrico, lavelocidad de acceso a las redes de edificios o las tasas aplicables a losoperadores, contenidos específicos que afectan concretamente a la Ley General deTelecomunicaciones", y sin embargo casi pasa por alto las cuestiones relacionadas con "la profusión de medidas relacionadas con el impulso a la sociedadde la información, que promueve de forma mucho más amplia y transversal unaeconomía digital abierta y competitiva, y estimula el desarrollo de lastecnologías de la información (TIC)".

Se echa en falta el tratamiento de temas tan importantes como el Plan Avanza2, el desarrollo de redes de nueva generación o aspectos relacionados con la cohesión social y la competitividad económica.

El CGPJ también remarca el problema de la generalidad de la ley. "No termina de quedar claro si la intervención judicial deberá producirse entodos y cada uno de los casos en los que la Comisión haya resuelto interrumpirun servicio de la sociedad de la información o retirar ciertos datos ocontenidos, o únicamente cuando, dadas las circunstancias, la propia Comisiónestime que esa interrupción o retirada pueden llegar a comprometer alguno de losderechos o libertades enumerados en el artículo 20 CE", han explicado.

La "Ley Sinde" no para de suscitar quejas y críticas. Recientemente, un magistrado de la Audiencia Nacional ha criticado duramente la nuevanormativa sobre la propiedad intelectual que el Gobierno quiere incluir en la nueva Ley de Economía Sostenible. En el texto, el magistrado asegura que hay un"intenso intervencionismo" del Ejecutivo en este tema.

Durante las últimas semanas, se ha debatido sobre la polémica ley ante la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley dePropiedad Intelectual. Han participado en el debate representantes de todas las partes implicadas.